A pesar de que Haití se hundía cada día más en la crisis, Jovenel Moïse insistió hasta su último día de vida en organizar los comicios en septiembre. Mientras tanto, la lucha entre bandas por el control del territorio se intensificó a lo largo de los meses.

Existen no menos de 150 pandillas activas en Haití, según un recuento realizado por la Fundación Je Klere (FJKL) en agosto de 2021, en el que destacan el apoyo del gobierno a estos grupos criminales. Según un informe publicado en abril de este año por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard y el Observatorio Haitiano de Crímenes de Lesa Humanidad (OHCCH), el gobierno de Moïse estuvo detrás de tres masacres perpetradas entre 2018 y 2020 en barrios de Puerto Príncipe, proporcionando a las pandillas dinero, armas, uniformes policiales y vehículos gubernamentales para llevar a cabo estos ataques.

‘’No hay vida en Haití. (…) La situación es espantosa. La comunidad internacional se hace de la vista gorda ante todo y lo respalda”, le dijo a la AP Pierre Espérance, director ejecutivo de la Red de Defensa de los Derechos Humanos, RNDDH. “Ya no estamos en un estado de derecho, sino en total impunidad. Es esta misma impunidad la que se cobró la vida del presidente Jovenel Moise”.

La total falta de control sobre estos grupos armados se hizo más evidente que nunca en el mes previo al asesinato del presidente. Según el informe del 1 de julio de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) sobre el desplazamiento debido a la violencia de las pandillas en Puerto Príncipe, “en el espacio de cuatro semanas, 14,700 personas han sido desplazadas en medio del actual brote de violencia, más del 80% de los 18.100 desplazamientos totales provocados por la crisis actual, un indicio de que la violencia y la inseguridad se agudizan”.

Tras el asesinato de Moïse, el primer ministro del Interior encargado, Claude Joseph, declaró el estado de sitio durante 15 días para controlar la situación de seguridad. Joseph, que en principio recibió apoyo internacional, fue retirado días después a favor del primer ministro designado, Ariel Henry.

Durante su primera rueda de prensa como primer ministro, el 29 de julio de 2021, el Dr. Henry prometió crear las condiciones para la celebración de elecciones creíbles en Haití, sin mencionar claramente las acciones que se llevarán a cabo para poner fin al ciclo de inseguridad en el país.

A pesar de las promesas del gobierno, la situación de seguridad solo ha empeorado. Los secuestros masivos son cada vez más frecuentes. El 22 de agosto, unos bandidos asaltaron un autobús que cubría la ruta entre Puerto Príncipe y Port-de-Paix. Ocurrió en Gros Morne, una comuna rural que solía ser famosa por el cultivo de mangos, pero que en los últimos meses se ha convertido en escenario recurrente de secuestros grupales.

Una de las víctimas fue Pierre Philor St-Fleur, un periodista radial y padre de familia que viajaba a su ciudad natal, Port-de-Paix, en el noroeste del país. Tras su liberación, habló con Enquet’Action y CONNECTAS:

“En la carretera hay un cruce de caminos llamado Kiyadan. Cuando estábamos a punto de llegar, un grupo de hombres se atravesó y ordenó detenernos. El conductor escapó con la llave del bus. En ese momento, los hombres dispararon al aire. Nos estaban asustando para que nadie tuviera la idea de huir. Dispararon adentro. Nos amenazaron. Nos golpearon. Y luego nos ordenaron que bajáramos. Desde donde nos raptaron, debimos haber caminado unas 3 o 4 horas antes de llegar a un campo abandonado».

“Haití es un país ‘gangsterizado’”, afirmó Marie Yolène Gilles. Según la defensora de derechos humanos, hay lugares que son una especie de “semilleros” de pandillas. Es el caso de la entrada a Croix-des-Bouquets, un suburbio de clase media-baja al norte de Puerto Príncipe donde hay 17 bandas activas, siendo 400 Mawozo la más poderosa de todas. Tan solo en el departamento del Oeste, donde se encuentra la capital haitiana, hay 92 pandillas. Para Gilles, las respuestas de las autoridades no han sido proporcionales al fenómeno.

Lo cierto es que, al menos en el papel, se han tomado innumerables medidas para tratar de contener los secuestros. Estas incluyen la creación de una nueva célula anti-secuestro para reforzar la ya existente en la Dirección Central de la Policía Judicial (DCPJ), el control de fondos en el sistema financiero y empresas de seguridad, el fortalecimiento de controles a nivel aduanero, la creación de una línea telefónica para reportar secuestros, la prohibición de vidrios polarizados y la llegada de soldados colombianos para fortalecer a la policía nacional en materia de capacitación, entre otras. El hecho de que ninguna de ellas haya sido efectiva para combatir el secuestro se convierte en una razón más para que el miedo se apodere de la población.

Enquet’Action y CONNECTAS preguntaron a la PNH sobre los principales obstáculos que enfrenta esta entidad para combatir el secuestro, pero no obtuvo respuesta.

Estudiantes, comerciantes, niños y adultos, ricos y pobres; los secuestros en Haití parecen ser más fruto del azar que de una acción premeditada. Sin embargo, hay algunos profesionales, como los médicos, que se han visto especialmente afectados por este fenómeno.

Como le dijo el cardiólogo Brisma Jean Pierre a Enquet’Action y CONNECTAS en una entrevista telefónica, los médicos siempre trabajan con el miedo de ser los próximos en ser secuestrados, y eso afecta su trabajo con los pacientes. “Hay profesionales que deben acudir a zonas de riesgo para brindar atención médica. Eso significa que debemos brindar cuidados bajo un gran estrés. Y cuando estás estresado, tu capacidad disminuye, tu rendimiento disminuye, incluso tu capacidad de razonamiento disminuye ”, reconoce el Dr. Jean Pierre.

Los trabajadores de la salud son el blanco de todo tipo de violencia en Haití. El 28 de junio, la ONG Médicos Sin Fronteras anunció el cierre temporal de su hospital, ubicado en Martissant, en la entrada sur de Puerto Príncipe. Dos días antes, el centro de salud había sido blanco de un ataque armado, en medio de la guerra entre las bandas Grand Ravine y Ti Bois, que luchan por el control de esta zona de la ciudad. El 2 de agosto anunció el cierre definitivo de esta sede, luego de 15 años de presencia continua en la zona.

“En un momento en que deberíamos poder expandir nuestras actividades debido a la covid-19 y otras necesidades, estamos luchando para mantener nuestras estructuras abiertas a pesar de las pésimas condiciones de seguridad”, dijo Alessandra Giudiceandrea, jefa de misión de MSF en Haití. A principios de junio, un trabajador de una ONG fue asesinado a tiros cuando se dirigía a su casa y dos conductores de ambulancia fueron agredidos.

El pasado 18 de agosto, el doctor Hervé Chéry, miembro del Desarrollo de Actividades de Salud en Haití (DASH), una red privada de centros de salud, fue secuestrado en Pétion-Ville. La DASH decidió cerrar las puertas de sus 20 clínicas y 8 hospitales para servicios no esenciales en señal de protesta. “Tomar como rehén a un médico cuya misión principal es ayudar a los que sufren y a quienes dan a luz es un acto vil y repugnante que traumatiza a toda la sociedad”, expresaron en un comunicado.

El rapto del doctor Chéry sucedió cuando se dirigía a operar de urgencia a una mujer embarazada, víctima de una eclampsia. Como resultado del secuestro del médico, la mujer murió con el bebé en su vientre.

Pastores, sacerdotes, religiosas y religiosos en general también fueron víctimas de secuestros, y especialmente secuestros colectivos. Es precisamente en Martissant donde tuvo lugar uno de los primeros secuestros de religiosos, en febrero de 2020. Fueron secuestrados cinco miembros de una iglesia, y un sexto, Jean Rubens Eugène, fue asesinado cuando iba a pagar el rescate.

Más recientemente, en abril de este año, los feligreses de una iglesia cristiana fueron testigos, en tiempo real y a través de las redes sociales, del terror que vivieron un pastor y sus asistentes cuando fueron secuestrados en plena ceremonia.

Ese mismo mes, el secuestro de 10 miembros de la Iglesia Católica llamó la atención de la comunidad internacional y provocó la renuncia del entonces primer ministro, Joseph Joute. La Iglesia Católica protestó con manifestaciones y cierres de colegios y universidades.

Uno de los últimos en ser liberado, 20 días después, fue el sacerdote francés Michel Bryant, quien vive en Haití desde hace más de 30 años. Su vida en este país que ya considera suyo ha estado marcada por la violencia.

En 1994, en Aquin, sur de Haití, durante el exilio del presidente Jean Bertrand Aristide, las fuerzas armadas llegaron a disparar contra el presbiterio mientras dormía. También experimentó el terremoto de enero de 2010 en Haití en la parroquia de Saint-Antoine. “He vivido cerca de la gente. Sufrí como ellos. Pero tenían esperanza, como yo también”, dijo sobre el terremoto. Y en 2015, cuando regresaba de un banco, le dispararon para robarle el dinero que había retirado. Recibió dos balazos. “Me trataron en tres hospitales en Haití, Martinica y Francia, lo que me permitió volver a ponerme de pie”, concluye.

El sacerdote recuerda que el día del secuestro se encontraban en la carretera, cuando los bandidos llegaron apuntando con sus armas a los pasajeros del bus en el que iban. El vehículo se atascó, y los secuestradores pensaron que el conductor lo hacía a propósito. Todos estaban en estado de shock.

Michel Bryant durante la celebración de su primera misa tras su liberación. El sacerdote francés que vive desde hace más de 35 años en Haití fue uno de los diez secuestrados el 11 de abril de 2021 por la poderosa pandilla 400 Mawozo, a unos 20 kilómetros de la capital. Crédito: Jean-Marc Hervé Abélard / K2D.

Cuando la justicia no funciona y quienes deberían apoyar a la población también se convierten en víctimas, el miedo impregna a toda la sociedad. Miedo, incluso, de hablar de lo sucedido, como explicó para este reportaje Jacqueline Baussant Loubeau, psicóloga clínica y miembro del comité de la Asociación Haitiana de Psicología (Ahpsy).

“La persona necesita sentirse segura para hablar de su experiencia, porque es una experiencia extrema. No está dispuesta a satisfacer la curiosidad de quien quiere saber qué pasó y cómo pasó. La víctima no le debe explicaciones a nadie. Es normal que las personas no necesariamente quieran hablar para contar todo lo que les ha pasado, y hay que respetar eso también”.

Otros, en cambio, necesitan contar lo que les tocó vivir. “He llegado a un punto en el que no puedo guardarme nada», afirma Philor St. Fleur. « Lo que pasó es realmente perturbador. Cuando estábamos negociando con mis padres (por teléfono), me obligaban a presionarlos para que trajeran el dinero lo más rápido posible. Me golpearon con madera y me patearon. Después me encadenaron. Me vendaron los ojos, me ataron con alambre y me acostaron en el suelo. Me pusieron armas en la sien, amenazándome con volarme los sesos ».

En medio del miedo y la desconfianza, los haitianos se refugian en su círculo más cercano. También para recaudar el dinero de los rescates. Las colectas son una de las mejores formas para que las familias recauden la suma que exigen los secuestradores, pero eso significa que muchas de ellas quedan endeudadas de por vida para pagar los rescates. “Nos matan económicamente y endeudan a todos los que lo rodean”, dijo Jean Batard sobre el pago del rescate de Dave Augustin

Según la CARDH, los rescates exigidos oscilan entre 100.000 y 1.000.000 de dólares estadounidenses. Muy pocas personas han sido puestas en libertad sin pagar rescate, algunas de ellas por intervención del líder de otra pandilla. Esto solo es posible en el caso de que las autoridades estén involucradas en las negociaciones, como sucedió con los dos dominicanos secuestrados con su intérprete haitiano.

En el caso de Velinda Charpentier los secuestradores exigieron, en principio, un rescate de 300 mil dólares, y por los religiosos católicos exigieron un millón de dólares.

La familia de Philor St Fleur pagó un rescate de 250.000 gourdes, unos 2.500 dólares. Sin embargo, cuenta que los secuestradores comenzaron exigiendo 300 mil dólares, y sabe de otras víctimas que pagaron hasta 10.000 dólares. En su caso, el pago del rescate se convirtió en un obstáculo para terminar de pagar la maestría en línea que comienza en pocos días. “Cuando te exigen tal rescate, todos tus planes, lo que sea que estabas tratando de planear … todo se derrumba. Básicamente, vamos a empezar de nuevo, es la descapitalización total » explica.

“No es solo la familia la que se empobrece, también empobrece a los amigos. ¿Quién podría tener un buen amigo en problemas y no ayudarlo? Si tenías mil gourdes para comer durante la semana, estás obligado a dárselos”, señaló Batard.

En muchos casos, estas colectas cruzan fronteras. Según le dijo Daniel Eugene, un enfermero haitiano que vive en Miami, al Haitian Times, el año pasado envió 100 dólares para ayudar a salvar a un conocido con quien solía jugar fútbol en Haití, luego de enterarse de su secuestro en un grupo de WhatsApp. “Creo que la diáspora no solo está enviando dinero a su gente, sino que en realidad está financiando el secuestro”, dijo Eugene. “El rescate podría ser una de las razones por las que ves que la gente envía más dinero a Haití”.

Las remesas a Haití han aumentado durante varios años y en 2020, a pesar de la pandemia, alcanzaron un nuevo récord. La diáspora envió 3.800 millones de dólares a Haití, un aumento del 14% con respecto a 2019, según el informe de Creative Associates International, una organización que analiza dichos ingresos en países de América Latina y el Caribe. Esto contradice las proyecciones de la CEPAL, que pronosticaba una contracción de al menos 10% en las remesas a la región en 2020.

En el país latinoamericano más dependiente de las remesas, ya que representan el 30% de su PIB, esto podría ser una buena noticia para la población. Sin embargo, para Manuel Orozco, uno de los autores del informe consultado por el Haitian Times, la única explicación del aumento de las remesas son las dificultades que atraviesa la sociedad haitiana. Además, las regulaciones más estrictas implementadas a fines del año pasado hicieron que los haitianos recibieran menos gourdes con los dólares que recibían del exterior.

Según datos del Banco Mundial, Haití sigue siendo el país más pobre de América Latina y el Caribe, y uno de los más pobres del mundo. “La economía haitiana se ha visto afectada por múltiples conmociones desde mediados de 2018. Incluso antes de que llegara la covid-19, la economía se estaba contrayendo y enfrentaba importantes desequilibrios fiscales. Después de contraerse un 1,7% en 2019 en medio de la agitación política y el descontento social, el PIB se contrajo alrededor de un 3,8% en 2020, ya que la pandemia de covid-19 exacerba la ya débil economía y la inestabilidad política”.

De los 11 millones de habitantes de Haití, más de seis millones viven en la pobreza. El miedo que provoca la inseguridad convive con el miedo al hambre, ya que la comida cuesta cada día más. En junio de este año, el precio del arroz subió un 14,7 por ciento con respecto al mes anterior, mientras que el aceite comestible aumentó un 16,2 por ciento.

Según advirtió en julio Adoniram Sanches, coordinador subregional para Mesoamérica y representante de la FAO en Panamá y Costa Rica, la mitad de la población de Haití pasa “hambre pura” como consecuencia de una serie de factores climáticos, sociales y, ahora, la pandemia. Lo peor es que, según Sanches, “hay una pésima expectativa para lo que viene para 2021 y 2022, porque se instaló el conflicto social”.

El empobrecimiento que dejan la inseguridad y la inestabilidad en Haití no es solo económica. Según el Banco Mundial, uno de los principales obstáculos para el desarrollo de Haití es el escaso capital humano del país. Muchos jóvenes deciden irse, ya sea para trabajar o para estudiar, y no regresan. De acuerdo con cálculos de la ONU para 2020, había 1.770.000 migrantes provenientes de Haití en diferentes países del mundo (Estados Unidos, República Dominicana y Chile, principalmente).

Este no es el caso de Dave Augustin, quien estudió en República Dominicana pero decidió regresar para abrir un negocio en su país natal. Hoy enfrenta las deudas y el trauma familiar que dejó su secuestro. "Es difícil ver gente que elige quedarse en el país y ver que así es su vida", se lamenta Jean Batard, el amigo de Augustin que decidió migrar a Francia.

"La batalla contra la inseguridad, debemos ganarla y la ganaremos", dijo Ariel Henry el 20 de julio. Después se instaló su gabinete, con la misión de crear las condiciones para la realización de las elecciones en el país. Sin embargo, menos de un mes después, el Consejo Electoral Provisional anunció un nuevo aplazamiento de las elecciones presidenciales y del referendo: ya no serían el 26 de septiembre sino el 7 de noviembre de este año.

Mientras tanto, los secuestros y la violencia generalizada continúan inalterables. La noche del 17 de julio Ludjane Jean Gilles, de 26 años, fue secuestrada cuando celebraba su cumpleaños junto con su familia en una casa ubicada en Croix-des-bouquets. El 1 de septiembre fue secuestrado en Martissant Wilbert Bazile, Director departamental para el Sudeste del Ministerio de Trabajos Públicos, Transporte y Comunicación (MTPTC). Los captores exigieron 1.500.000 dólares por su liberación.

Según Yolène Gilles, "no hay una verdadera voluntad política de luchar contra los secuestros, nada ha cambiado en la situación de seguridad del país" tras el asesinato del Presidente Jovenel Moise el 7 de julio en su domicilio particular. "Los bandidos siguen ahí. No están muertos. Todavía están en las calles. Además, se puede ver que los secuestros están aumentando de nuevo. La inseguridad está en pleno apogeo. La gente sigue siendo asesinada’’.

Meses después de haber sido secuestrado, Dave Augustin sigue viviendo con miedo, asegura su amigo, Jean Batard. Sin embargo, no quiere hablar de ello. El trauma sigue intacto. Para Philor St. Fleur el viaje a su ciudad natal, que antes significaba el regreso al campo y al olor de las frutas, ahora está marcado por el mismo miedo que permea la vida en la ciudad.

Para Jacqueline Baussant Loubeau, no es posible soñar con otro futuro en Haití si no se garantiza la seguridad de la población: “¿Qué se puede hacer para detener este flagelo y esta plaga? Debemos detener la inseguridad. Porque nos hace mucho daño. Maltrata a los niños. Maltrata a los adultos. Hace que la población pierda la confianza en el futuro. Paraliza la capacidad de actuar. Esto no puede seguir así”.